La capacidad del Estado en producir una gestiòn eficiente en materia de justicia y seguridad ha fracasado.
El Estado argentino ha sido ocupado por sectores “progresistas” que en nombre de los tan mentados “derechos humanos”, han llevado a la sociedad a la desprotecciòn frente a minorias violentas y autoritarias.
Es doctrina oficial dentro de la justicia argentina el abolicionismo del Derecho Penal, como de igual forma toda medida represiva contra la delincuencia. Los asesinatos con motivo de robos, los secuestros, las violaciones, la invasiòn del espacio privado con toma de rehenes y otras catàstrofes urbanas demuestran el éxito de aquella doctrina.
Se habla de polìticas para tratar la exclusiòn y la desigualdad social, con menos penas y càrceles y más trabajo social. Pero esto servirá al largo plazo mientras que en el corto la matanza de ciudadanos inocentes prosigue su marcha. Y de todos modos nada hace presuponer que en este aspecto se lleven a cabo dichas políticas, como nada se ha hecho hasta hora.
En cuanto a los menores que matan o violan les asiste el derecho de volver a sus guaridas las que fueron caldo de cultivo de sus desarrollos delictivos y se pretende que allì se los contenga o reeduque. Para muestra tenemos el caso de el “Kitu” que con tanto ahinco defendiera el periodista de TN Noticias Ricardo Canaletti que casi logra presentarlo como un “beato”. Ese delincuente era acompañado en sus correrias por sus padres.
No hay plan en el que se ponga énfasis en el derecho a la seguridad de las personas para el disfrute de sus bienes. No obstante se clama para que el Estado no haga uso de la legítima violencia Institucional lo que equivale en la óptica de los “garantistas” del Derecho, a que aquel renuncie a la prerrogativa del ejercicio de la legìtima violencia, circunscripta a la relaciòn con el Derecho y la Justicia.
Lo que no comprende el “progresismo” que bajo aquella premisa ese accionar del Estado, constituye el medio y el fin de todo el orden con propòsitos justos para resguardar bienes, vidas, libertades y el fin material de las personas.
Hemos llegado a un punto en que no nos sentimos protegidos por el Estado o por lo menos no confiamos en la protección que nos ofrece. Sin embargo los gobiernos, tanto nacional como provincial siguen a los tumbos en su gestión de una crisis a otra sin un programa, solo aspirando a mantenerse hasta las próximas elecciones y después…veremos.- Jorge Omar Alonso DNI 5.188.676 La Plata Tel. 0221 15 599 5019.-
sábado, 13 de diciembre de 2008
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