A PARTIR DE LAS DECLARACIONES DE SUSANA GIMENEZ

A partir de expresiones de Susana Giménez con relación al castigo del que mata, se ha suscitado en la sociedad y los medios el debate siempre controvertido sobre la vigencia de la pena de muerte. El castigo supremo siempre ha estado presente en las sociedades.
Las teorías absolutas de la pena justa establecen que se ha de retribuir al autor del delito, con una pena equivalente al mal que ha ocasionado. En cambio las llamadas teorías de la prevención general negativa que dotan a la pena de un carácter disuasivo, su efectividad no ha sido demostrada puesto que si bien aquella persuasión obraría en el individuo racional para no cometer un delito, esto no fue demostrado. El delincuente al momento de cometer el delito no piensa en la pena capital.
En el derecho penal se encuentra ese poder de coerción que es el alma del derecho positivo, ese poder de vida y muerte que cada individuo entregó al Estado con el pacto social. La ruptura de dicho pacto hace que el que lo rompe no sea una persona moral miembro del Estado, sino un enemigo público que debe ser suprimido.
Cesare Beccaria en “De los delitos y las penas” aunque se manifiesta en contra, no niega a la pena de muerte cuando el culpable se constituye en “una amenaza para la seguridad de la nación o cuando su supervivencia puede favorecer la rebelión o la anarquía”. De acuerdo a M. Foulcault la condena a muerte sigue siendo omnipresente cuando fracasaron los demás instrumentos disciplinarios y punitorios. Claro que según aquel dicha pena sería al fin para someter “los cuerpos y las almas al cuerpo político del Estado”. Pero no hay que olvidar que es precisamente el Estado la única entidad que posee el monopolio del uso de la “legítima violencia” (M. Weber).
Dicho monopolio ha sido quebrado por la emergencia criminal que asola actualmente a la sociedad, volviendo ineficiente al Estado.- Jorge Omar Alonso – DNI. 5.188.676 – Tel. 15 599 5019 – La Plata.-